DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

LOS DERECHOS HUMANOS  Y LA CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

     Al hablar de Derechos Humanos, es importante mencionar la  lucha realizada por el hombre a lo largo de su historia sobre la tierra. Como su nombre indica, los Derechos Humanos son acciones y libertades que posee el hombre y que son inalienables por ninguna otra autoridad que se imponga, de esta forma, el ser humano puede vivir una vida plena y llena de satisfacción.

     Respecto a la legislación venezolana, los Derechos Humanos están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 con enmienda en el 2009 y se encuentran contenidos en el Titulo III, Capítulo I denominado “De las Garantías y Deberes de los Derechos Humanos” comprendido desde los artículos 19  al 135.

     Es importante reseñar que lo más  innovador de esta Constitución fue la implementación sobre los Derechos a los pueblos indígenas en relación al reconocimiento de su cultura, territorio e idioma; así como el incremento para todos los ciudadanos en el ejercicio de derechos políticos, económicos, sociales, educativos, culturales, de salud, del trabajo y ambientales entre otros; asimismo se resguardan las libertades civiles relacionadas con la protección de la libertad de prensa y la libertad de expresión, estableciendo que “es libre y plural, que este derecho es universal y el Estado está obligado a garantizarlo con el fin de permitir el acceso a la información”.

     Igualmente, la Constitución establece las libertades religiosas donde el Estado respeta la libertad de culto consagrando a toda persona el derecho a profesar su fe religiosa manifestar su creencia en privado o en público siempre que no se oponga a la moral, las buenas costumbres y el orden público.

     Otro derecho garantizado en el marco de la participación política; es la aparición de los  Referendos Revocatorios  la creación de la Defensoría del Pueblo y el Poder Ciudadano el cual se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor(a) del Pueblo, el Fiscal(a) General y el Contralor(a) de la República y son ejercidos a través de  sus órganos por La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Publico y la Contraloría General de la República, hay que destacar que la Defensoría del Pueblo, tiene a su cargo la promoción vigilancia y defensa de los Derechos Humanos de los ciudadanos del País, que trae como corolario la aparición de un nuevo cargo público a través del El Defensor del Pueblo como la máxima autoridad de esta institución. Entre las funciones del Defensor del Pueblo se destaca, en materia de investigación la denuncia y acompañamiento que tenga vínculo con las violaciones de los Derechos Humanos,  teniendo como atribución la vigilancia de los intereses legítimos, colectivos y difusos de todos los ciudadanos,  la promoción de la defensa y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por la República sobre los Derechos Humanos.

      De igual manera, entre sus competencias tiene la actuación preventiva de acción y de reparación y la facultad de investigar, emitir opiniones, recibir denuncias y prestar la colaboración a los demás órganos del poder público si es necesario, ostentado la legitimación procesal para demandar jurisdiccionalmente las violaciones que se contemplan en sus competencias asumiendo la representación procesal de los intereses legítimos de la defensa en los casos especialísimos de la violación de los Derechos Humanos, pudiendo promover pruebas, realizar experticias, reconstrucción de hechos, autopsias, estar presente en las audiencias de los procesos penales ordinarios, militar, preliminares y de juicio entre otras sin menoscaban las competencias del Ministerio Público.

     Otra función de suma importancia que corresponde a este funcionario radica en emitir su opinión a través de informes, que serían vinculantes a los efectos de los Derechos Humanos vulnerados por cuanto estas opiniones emitidas son consideradas con valor probatorio para los otros órganos de la administración de justicia.

     Otro punto importante a destacar son los mecanismos de protección de los Derechos Humanos,  tenemos entre otros; la acción de la tutela, acción popular, acción de cumplimiento, el derecho constitucional particular, constitucional general y constitucional comparado y a partir de estos mecanismos se estudiará en el contexto venezolano algunos de los elementos que inciden en la vulneración de los Derechos Humanos a través del sistema judicial, la protesta social,  la crisis económica,  la violencia, la escasez  de alimentos y medicinas.

     Ahora bien, desde la muerte del presidente Chávez, en marzo de 2013, comenzó a recrudecerse una agenda de carácter trasgresor bajo la figura de protesta social que ha ocasionado un alto grado de conflictividad en el país y desde las elecciones presidenciales del año 2013, se instauró un ciclo violento de acciones colectivas que había sido pospuesto desde los acontecimientos y procesos experimentados en el período 2002-2005. Lo que afirma el hecho que existía después de ese período una paz inestable, que es aquella donde no desaparecen las expresiones violentas del disenso y el conflicto, pero las mismas son canalizadas institucionalmente. Desde ese momento, las diferencias y tensiones, han sido manejadas en términos de interacción política institucional, pero lo que experimentan los venezolanos desde 2013, es una elevación del conflicto en formas muy violentas y en plena vigencia.

     Después de ese momento, surgen sujetos desafiadores, expresados en posturas más extremas y violentas con su tesis de la salida, hecha pública en febrero de 2014. Estos desafiadores, mostraron la capacidad de apropiarse de una parte de la organización política opositora, con suficientes personas que le dieron estructura organizativa con diversos recursos, esos performances tomados de otros países con realidades sociales muy diferentes al caso Venezolano, en ese contexto se incluyeron contiendas conflictivas innovadoras, en términos de uso de violencia. Las estrategias como el bloqueo de calles, ya existentes en repertorios anteriores, fueron elevadas al máximo colocando alambres de púas, quitando alcantarillas, quemando persona vivas y bienes materiales, destrozando plazas calles y aceras; en fin, incrementando la violencia real existente, con el consecuente saldo de muertos (43 víctimas de la violencia extrema, en la acción de la salida).

     La contienda es trasgresora, pues incorporó medios sin precedentes en la historia de la protesta social en el país. Esas formas de violencia paramilitar, expresan además la influencia externa, que deriva del interés geopolítico que representa Venezuela, por sus reservas de petróleo y otros minerales valiosos. Al contrario de las tesis oficiales de agentes del gobierno, la estrategia de una posible invasión, es el último escenario más cercano, sentando las bases para fomentar la tesis de un Estado Fallido (que internamente es incapaz de mantener el orden) y externamente, es un Estado Forajido (violador de DDHH) por la violación esos derechos.

     Como parte de las consecuencias generadas por la conflictividad social en el año 20017, se mantuvo un fuerte impacto en materia económica debido a la caída de los precios del petróleo, la reducción de las importaciones y exportaciones, la baja productividad en las industrias de manera general, así como la poca emisión del dinero orgánico por parte del Estado y su difícil acceso al dinero en efectivo, esto ha provocado una merma en la economía nacional, trayendo como consecuencias desigualdades en la población creando polos contrastantes de riquezas y pobrezas extremas  en todo el país. 

     De igual modo se observa un incremento de la violencia en la manifestaciones colectivas por parte de la sociedad  y por parte del Estado que está obligado a cumplir con el protocolo de uso proporcional de  la fuerza aunque en algunas ocasiones este protocolo no fue acatado a cabalidad, teniendo como resultado muertes, heridos y  hechos que han sido considerados como violaciones de los Derechos Humanos, por otra parte el incremento de la escasez a través del desabastecimiento de los rubros más importante de la dieta del venezolano llegando a situaciones extremas, el desabastecimiento de las medicinas generando frustración y originando conflictos que hicieron aparecer nuevas formas de delitos y violencias.

     Hechos como los anteriormente señalados son de vital importancia en la escena global, ya que permiten un mejor acercamiento a la situación que envuelve la violación y defensa de los Derechos Humanos, los cuales según el estatuto de Roma y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una vez que son suscritos y ratificados por los Estados son de extrema obligación por cuanto  se deben cumplir y hacerse cumplir por cualquier Estado e Institución en cualquier lugar del mundo.

     Conforme a lo que establece la Convención y Tratados Universales  de los Derechos Humanos y por lo consagrado en la Constitución vigente corresponde al Estado  respetar los Derechos Humanos, debido a que sus instituciones y funcionarios son lo que deben velar y aplicar las normas, procedimientos y garantías de cada uno de los derechos conforme a lo establecido en la normativa nacional e internacional.

     Observando la situación desde una óptica positiva, el Estado está en la obligación de cumplir y de hacer cumplir los innumerables Tratados, Convenios y Pactos en aras de procurar la protección de los Derechos Humanos de los ciudadanos.

     Sin lugar a dudas existe por parte del Estado el deber de tomar en cuenta  los Derechos Humanos, ya que estos son la máxima garantía de la que se vale un hombre para evitar los abusos de otros y así garantizar un estado de paz y respeto en la sociedad, sin embargo, siempre se deben defender y proteger a toda costa para asegurar su cumplimiento.

     En atención a todo lo expresado anteriormente, la Constitución vigente responde a los criterios de una carta moderna y adecuada a los preceptos de la Declaración Universales de los Derechos Humanos, conquistando fundamentalmente la aparición del cargo público como el Defensor de Pueblo y a su vez aumentado los Derechos de  nuestros  indígenas, los derechos políticos, económicos sociales, familiares, del trabajo y salud de todos los ciudadanos, que en  contraste con la realidad se hace necesario propiciar los medios para que estos Derechos Humanos puedan ser mejorados en el tiempo e ir promoviendo el desarrollo y recursos de organizaciones sociales garantizando a sus ciudadanos el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

     De igual manera se debe promover, educar, defender y difundir la libertad y la dignidad humana, estudiar el contexto social para identificar los elementos que inciden en el desarrollo de la protesta social, apoyar y socializar a la comunidad, a la sociedad civil, instituciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales, instituciones educativas en la compresión y en la búsqueda de la dignidad humana y en donde sus integrantes tengan calidad de vida, la plena vigencia de  sus Derechos Humanos y el acceso a estos a través de los órganos jurisdiccionales del Estado, en virtud que el Estado es el responsable de implementar y ejecutar políticas adecuadas para la prevención del delito y ofrecer seguridad a sus ciudadano y a sus bienes.

     En fin los Derechos Humanos permiten el perfecto engranaje de la sociedad para garantizar las libertades a sus ciudadanos y la correcta condena a delitos que puedan perjudicar las libertades del hombre de manera injusta.

Abg. Miriam Montes Chirguita